Los traficantes de armas deben seguir un nuevo conjunto de reglas si quieren hacer negocios con San Diego.
El mes pasado, el Concejo Municipal aprobó la Ley de Responsabilidad de Distribuidores de Armas de Fuego Ira Sharp. Redactada por la concejal Marni von Wilpert, la ley crea un proceso de investigación más sólido para garantizar que los contratos solo se otorguen a proveedores que no eludan los requisitos diseñados para mantener las armas fuera de las manos equivocadas.
Según una investigación de Brady, un grupo de prevención de la violencia armada, se gastan más de 5 mil millones de dólares al año en contratos gubernamentales para equipar con armas de fuego a las agencias policiales del país. La organización también descubrió que, sólo en California, al menos 90 agencias encargadas de hacer cumplir la ley compraron armas a empresas que no cumplían las leyes de armas existentes.
Brady descubrió que una de las empresas fue citada por infracciones como no presentar informes de ventas, que ayudan a organizaciones como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos a investigar el posible tráfico ilegal de armas, y vender armas a personas que tal vez no hayan sido el comprador real, también conocido como comprador testaferro.
“Al utilizar el poder adquisitivo de la Ciudad, la ordenanza que tenemos ante nosotros obligará a la industria de armas de fuego y a sus distribuidores a asumir la responsabilidad de sus prácticas comerciales y ayudará a mantener las armas criminales fuera de las calles”, dijo von Wilpert en un comunicado.
La nueva ordenanza, que se basa en el trabajo de Brady y el defensor local de la prevención de la violencia armada, Ira Sharp, que da nombre a la ley, cambia el proceso de adquisiciones de la ciudad para garantizar que los proveedores hayan completado las inspecciones federales y estatales sin infracciones, hayan empleado medidas de seguridad que impidan el robo o pérdida de armas de fuego y no han sido citados por vender a personas prohibidas.
“El dinero de los contribuyentes no debe utilizarse para comprar armas de fuego y municiones a comerciantes que eluden la ley y exponen a nuestras comunidades a amenazas a la seguridad pública”, dijo la fiscal municipal Mara Elliott. “Esta legislación refleja los valores de nuestra Ciudad al crear estándares de seguridad responsables y de sentido común para la compra de armas de fuego”.
Desde 2017 hasta 2022, las armas de fuego cobraron la vida de más de 1300 personas en el condado de San Diego. Alrededor del 70 por ciento de esas muertes fueron suicidios y alrededor del 30 por ciento fueron homicidios.
Original story in English:
San Diego sets strict rules for firearm contracts in bid to reduce gun violence
